La Resolución 810/2025 del Senasa, que redefine los criterios de muestreo para el control de la enfermedad de Aujeszky, se presenta como un avance técnico incuestionable. Y, en abstracto, lo es: nadie discute la necesidad de erradicar la enfermedad ni la importancia de fortalecer los controles sanitarios.
Pero cuando se raspa la superficie, lo que aparece no es un plan equilibrado, sino un nuevo capítulo de una historia conocida: políticas diseñadas desde el escritorio que terminan castigando al eslabón más débil de la cadena productiva.
Porque seamos claros: evidentemente no todos los productores están siendo tratados de la misma manera.
Mientras los establecimientos grandes pueden cumplir con la normativa analizando una porción relativamente pequeña de su stock (muestreo estadístico), los pequeños productores se ven obligados a someter a control una proporción desmedida de sus animales (Censo), en algunos casos rozando un relevamiento total.
¿Dónde está la equidad en ese esquema?
Se habla de criterios técnicos, pero se omite deliberadamente el impacto real. Para un productor chico, cada análisis cuenta. Cada extracción, cada traslado, cada costo adicional pega directamente en una rentabilidad ya de por sí ajustada. No hay escala que amortigüe, no hay estructura que absorba.
Y lo más grave: esta desigualdad no es un efecto colateral. Es una consecuencia directa del diseño.
Porque aplicar la misma lógica a realidades completamente distintas no es neutralidad: es injusticia.
El resultado es previsible. Cuando una norma se vuelve imposible o desproporcionada, deja de cumplirse o se cumple a medias. En este caso, el propio esquema está generando un incentivo peligroso: la subdeclaración de stock. Es decir, empujar a los productores hacia la informalidad para poder sobrevivir.
¿Ese es el camino para mejorar la sanidad animal?
La contradicción es evidente. Se pretende fortalecer el control epidemiológico, pero se construye un sistema que erosiona la base sobre la cual ese control debería sostenerse.
Y hay algo aún más difícil de justificar.
El propio Senasa reconoce que el riesgo sanitario no es uniforme. La bioseguridad, la densidad de animales, el sistema productivo y la dinámica de movimientos son factores determinantes. Sin embargo, a la hora de regular, se opta por ignorarlos.
Se elige el camino más simple: tratar a todos igual en el papel, aunque eso implique tratar peor a algunos en la realidad.
No es un problema de falta de herramientas. Los modelos de vigilancia basados en riesgo existen, funcionan y son ampliamente utilizados a nivel internacional. Permiten asignar recursos de manera inteligente, concentrar esfuerzos donde realmente importa y evitar cargas innecesarias.
Pero requieren algo que parece escaso: voluntad de diseñar políticas más finas y más justas.
Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política.
Porque cuando una regulación termina imponiendo una carga proporcionalmente mayor sobre quienes menos tienen, estamos frente a un esquema regresivo. Y cuando ese esquema afecta la viabilidad de los pequeños y medianos productores, lo que está en juego no es solo una cuestión sanitaria: es el modelo productivo.
El sector porcino argentino no es solo grandes integraciones. Es, en buena medida, una red de productores chicos y medianos que sostienen economías regionales, generan empleo y garantizan diversidad productiva.
Golpearlos con regulaciones mal calibradas no es un daño colateral. Es una decisión.
Nadie está planteando relajar los controles ni resignar el objetivo de erradicar la enfermedad de Aujeszky. Todo lo contrario: el sector primario es el primer interesado en lograrlo.
Pero una cosa es sanear y otra muy distinta es asfixiar.
Si la sanidad se convierte en una carga imposible, deja de ser una política pública y pasa a ser un filtro económico encubierto.
Todavía hay tiempo de corregir el rumbo. Incorporar criterios de riesgo, ajustar los niveles de muestreo según escala productiva y evitar exigencias desproporcionadas no debilita el sistema: lo hace más eficiente y más sustentable.
Pero para eso hace falta algo básico: reconocer que no todos los productores parten del mismo lugar.
Y, sobre todo, decidir de qué lado se quiere estar.
Porque si el costo de la sanidad lo siguen pagando siempre los mismos, no estamos frente a una política sanitaria. Estamos frente a otra forma (más sofisticada, pero igual de efectiva) de expulsar a los pequeños productores del sistema.
Alejandro Di Palma, empresario porcino, titular de Bioder SA.
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