El Gobierno nacional avanzó en la simplificación de trámites para el sector agropecuario al eliminar la exigencia de habilitaciones municipales y provinciales en múltiples gestiones ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La medida apunta a reducir cargas burocráticas y acelerar procesos administrativos vinculados a la producción y el comercio de alimentos.
A través de la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo dispuso la derogación y modificación de una serie de normativas que obligaban a presentar documentación emitida por autoridades locales como requisito previo para obtener habilitaciones sanitarias nacionales.
La decisión impacta en un amplio abanico de actividades: desde laboratorios de diagnóstico y establecimientos ganaderos hasta plantas avícolas, terminales de carga, predios feriales y empresas vinculadas a productos veterinarios. En todos esos casos, el Senasa dejará de exigir la acreditación de habilitaciones municipales o provinciales para avanzar en sus propios trámites.
Menos burocracia, sin eliminar obligaciones
Uno de los puntos centrales de la medida es que no suprime los controles locales, sino que elimina su duplicación en el ámbito nacional. Es decir, los productores y empresas deberán seguir cumpliendo con las normativas provinciales y municipales vigentes, pero ya no tendrán que presentar esa documentación ante el organismo sanitario para gestionar habilitaciones.
El argumento oficial es que la exigencia de estos requisitos generaba una superposición innecesaria de controles, además de demoras y mayores costos para los operadores del sector. También se señala la dificultad de estandarizar criterios debido a la diversidad de regulaciones locales en todo el país.
En ese sentido, el Senasa reafirma que sus habilitaciones se circunscriben exclusivamente a su competencia específica: la sanidad animal y vegetal, la inocuidad de los alimentos y la calidad agroalimentaria.
La medida se inscribe en el proceso más amplio de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, que promueve la eliminación de normas consideradas redundantes o distorsivas para la actividad económica.
En ese marco, la resolución también responde a un relevamiento normativo orientado a detectar requisitos que generen sobrecostos o trabas innecesarias para el sector productivo, con el objetivo de simplificar procedimientos y favorecer la competitividad.
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